El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una reforma legal que agilizará significativamente los procesos de desalojo en casos de ocupación ilegal de viviendas. Esta modificación permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación se tramiten mediante juicios rápidos, reduciendo el tiempo de resolución significativamente.
Anteriormente, los propietarios podían encontrase con demoras de hasta dos años para recuperar sus inmuebles ocupados ilegalmente. Con la nueva normativa, una vez que el juez admita la demanda, los ocupantes deberán presentar en un plazo de cinco días un título que justifique su derecho a permanecer en la vivienda. Si no lo hacen, se emitirá una orden de desalojo con fecha fijada para la ejecución.
Es importante destacar que esta reforma distingue claramente entre allanamiento de morada, que implica la ocupación de una vivienda habitada, y usurpación, referida a inmuebles deshabitados. Ambos delitos serán ahora objeto de procedimientos penales abreviados, lo que facilitará una respuesta más rápida y efectiva para los propietarios afectados.
Esta reforma representa un avance significativo para los propietarios de inmuebles en edificios comunitarios, ya que proporciona herramientas legales más eficaces para enfrentar la problemática de la ocupación ilegal y garantiza una recuperación más rápida de sus propiedades.
En los últimos días un nuevo decreto vuelve a incluir la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, por lo tanto, ningún okupa e inquiokupa vulnerable, tenga o no sentencia judicial firme en contra, podrá ser desahuciado hasta el 31 de diciembre de 2025 si bien se abre la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 una compensación por parte del arrendador o propietario.
Parece que le legislador, a pesar de que en España en estos momentos hay 80.000 viviendas okupadas y 25.000 inquiokupadas, sigue sin ser consciente del problema de la ocupación ilegal, que no sólo afecta a los propietarios si no también a los inquilinos que padecen el miedo que genera provocando el incremento de las "condiciones" para acceder a una vivienda y la salida de circulación de viviendas en alquiler ante el riesgo de un inquiokupa.