Ha comenzado un nuevo año y, con él, las Comunidades de Propietarios afrontan el primer tramo del calendario fiscal. No importa que no desarrollen actividad empresarial: ante la Agencia Tributaria y la Administración Tributaria Canaria (ATC) son sujetos obligados y deben responder igual que cualquier entidad.

La realidad es clara: muchas comunidades continúan sin saber que pueden tener que presentar declaraciones periódicas y resúmenes anuales, o intentan gestionarlas sin la formación ni las herramientas adecuadas. El resultado es siempre el mismo: sanciones, recargos y un problema añadido al presupuesto comunitario.

Obligaciones inmediatas en enero y febrero

En enero deben prepararse y presentarse, si procede:

• Modelo 111 y resumen anual 190 (retenciones a trabajadores o profesionales: abogados, arquitectos, ingenieros...).

• Modelo 115 y resumen anual 180 (retenciones por alquiler de espacios, cuartos, azoteas comunitarias).

• Modelo 184 (atribución de rentas, si se produce un ingreso, alquileres, intereses u otros, superior a 3.000€).

• En Canarias: Modelo 420 (IGIC trimestral) y 425 (IGIC anual), cuando corresponda.

En febrero llegan dos declaraciones clave para el control de los proveedores y servicios:

• Modelo 347 estatal y Modelo 415 en Canarias: operaciones superiores a 3.005,06 euros.

Se trata de trámites técnicos que exigen contabilidad ordenada y documentación disponible: contratos, facturas, justificantes y conciliaciones. No son gestiones para improvisar ni dejar para “última hora”.

Por qué contar con profesionales cambia el resultado

Una gestión fiscal adecuada no solo evita sanciones: permite planificar gastos, optimizar recursos y mantener un control real de la salud económica de la comunidad. Trabajamos con sistemas actualizados, presentación telemática segura y un seguimiento continuo de los plazos. El objetivo es simple: que la Comunidad cumpla con la normativa y no tenga que preocuparse.

Nuestro compromiso 

Desde la contabilidad hasta la presentación de cada modelo, garantizamos rigor técnico y una gestión preventiva diseñada para evitar problemas antes de que aparezcan. Cada comunidad es diferente, pero todas necesitan la misma certeza: saber que sus obligaciones están resueltas.